La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea vigila ya todos los pasos administrativos y legales concernientes a la operación para construir un complejo invernal en las estribaciones de San Glorio, un territorio incluido en la Red Natura 2000 de espacios protegidos europeos y blindado legalmente por la Directiva de Hábitats. Este departamento, que será el encargado de evaluar el proyecto de la pretendida estación de esquí, es conciente del desafío que llega con la tramitación de un proyecto declarado de interés regional por su previsible impacto económico sobre una zona deprimida, pero que vulneraría, de entrada, varios principios fundamentales de la normativa europea que se aplica en este espacio, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Los técnicos de la Comisión han conocido por escrito y por recientes contactos personales todos los cambios administrativos y legales que se están desarrollando actualmente en las Cortes de Castilla y León para acelerar la ejecución de un proyecto de cien millones de euros, en el que participará directamente la Junta. Sin embargo, la Comisión Europea inició el control sobre este conflictivo expediente hace tiempo, cuando llegó a sus manos el primer recurso legal contra la construcción de las dos vías de acceso a la futura estación, un proyecto que fue presentado parcialmente y que pretendía consolidar una entrada por Boca de Huérgano y otra por el municipio palentino de Velilla del Río Carrión hacia una estación de esquí inexistente.

A la espera del proyecto.
La tarea de vigilancia de la Dirección General de Medio Ambiente para exigir que se cumpla la normativa comunitaria se mantendrá en las fases que se acercan, sobre todo cuando la Junta y la sociedad promotora presenten el proyecto. Es en ese momento cuando las autoridades europeas tendrán capacidad de actuación para vetar o no la faraónica infraestructura. De partida, una nueva estación de esquí en los valles de Lechada y Naranco (Boca de Huérgano) y Guadañas (Velilla) infringiría al menos tres parámetros ambientales irrenunciables para la Comisión: no se cumplirían los objetivos de la Directiva de Hábitats, se saltaría por primera vez el procedimiento establecido para aprobar proyectos que afectan negativamente al medio ambiente y, sobre todo, no se han estudiado ni valorado otras alternativas de desarrollo para una zona en la que Europa lleva años inyectando millones de euros para recuperar y conservar especies prioritarias como el oso pardo cantábrico.

Precisamente, el proyecto de construcción es hoy una incógnita. La sociedad Tres Provincias sorprendía hace escasos días en este periódico con una nueva, pero lógica, exigencia a la Junta: no habrá proyecto hasta que las autoridades europeas estén convencidas de que es viable. De momento, el Legislativo autonómico ha hecho todo lo que está en su mano: ha aprobado por ley una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para posibilitar un cambio en otra ley que admite el esquí alpino donde otra ley de rango mayor lo prohíbe. Esta maraña administrativa que obligará a las Cortes a cambiar o aprobar hasta cuatro leyes distintas ha imposibilitado, sólo hasta ahora, la actuación de la autoridad judicial puesto que la vía elegida para tramitar todos estos cambios sólo permite en su contra un recurso de inconstitucionalidad.

El segundo pilar, después de los escollos legales, es para Europa dar prioridad a la conservación de las poblaciones de oso pardo, una política en la que lleva trabajando dos decenios. Se da la circunstancia de que el valle de Lechada, donde se pretende instalar una red de remontes e infraestructuras, y la sierra de Orpiñas son una zona crítica para la especie, puesto que es el territorio utilizado por las osas reproductoras de Palencia y Cantabria —León no tiene— para pasar a los oseznos hasta la vertiente leonesa, donde los crían. Todo esto ha posibilitado que se recupere el núcleo de Riaño con nuevos ejemplares, que a su vez están colonizando valles más occidentales. Éste ha sido un objetivo marcado desde hace años por Europa, por lo que a los cuatro grupos conservacionistas que lideran la lucha legal contra el pretendido macroproyecto invernal les resulta difícil pensar que las autoridades europeas rectifiquen esta política.