El empeño del
gobierno del PP y el grupo mixto en Castilla y León,
acompañado por la complacencia del PSOE en promover y
desarrollar una estación de esquí en San Glorio, ha
dado un giro radical en los últimos días.
15 DE MAYO DE 2010 El soñado
proyecto de estación de esquí tiene ya en su contra
tres sentencias judiciales donde queda clara la imposibilidad legal
de desarrollar las infraestructuras necesarias para este proyecto sin
incumplir la Ley 4/2000, de 27
de junio, de declaración del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, una Ley que
paradójicamente promulgó y aprobó hace apenas
diez años el mismo gobierno que ahora quiere dilapidarla. Esta
sentencia está ahora mismo en trámite de recurso ante
el Tribunal Supremo, pero todos los indicios vienen a indicar que la
sentencia final será igualmente restrictiva ante la pretensión
de desarrollar un agresivo proyecto de estación de esquí
en el interior de un espacio natural protegido.
El empecinamiento
político en sacar adelante este proyecto ha dado un peligroso
giro hacia un espacio posiblemente fuera del marco constitucional.
Este camino comenzó el pasado día 26 de marzo, cuando
se modificó la Ley de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León. Esta modificación permite
que cualquier proyecto pueda ser aprobado por Decreto o por Ley de
las Cortes, cuando sean de excepcional relevancia. Con esto se
abre la puerta al ejercicio de todo tipo de presiones en defensa de
intereses particulares o corporativos sobre quien deba tomar la
decisión –el grupo parlamentario que tiene la mayoría–
para blindar ante los tribunales de lo contencioso administrativo
cualquier plan o proyecto regional de intervención en el
territorio que pueda resultar conflictivo.
De esta forma la Junta de
Castilla y León elude la acción de los tribunales
ordinarios, priva a los ciudadanos de la tutela judicial efectiva y
quiebra la división de poderes. Esta maniobra de la Junta
resulta claramente inconstitucional, ya que priva a todos los
ciudadanos y asociaciones a interponer cualquier recurso contra las
leyes. Si se aprobaran como Ley todos los proyectos, no se podrían
recurrir y se podrían llevar a cabo.
Esta situación,
más propia de un estado totalitario, es lo que ha sucedido en
Castilla y León. Tras la modificación de la Ley de
Ordenación del Territorio, apenas transcurrieron unos días
para que el rodillo antidemocrático de la Junta de Castilla y
León presentase una Proposición de Ley cuyo objetivo es
la declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y
Aventura Meseta-Ski, un proyecto que pretende la instalación
de una estación de esquí en Tordesillas (Valladolid) y
que, al igual que el caso de San Glorio, tiene varias sentencias
judiciales en su contra que impiden la ejecución del proyecto
por su impacto ambiental.
El pasado día 5 de
mayo le tocó el turno a San Glorio. El Partido Popular y el
grupo mixto presentaron una Proposición de Ley para modificar
la Ley por la que se declaró el Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, eliminando la
prohibición existente en la actualidad que impide la creación
de estaciones de esquí alpino dentro del Parque.
Tanto si se está a
favor o en contra de la estación de esquí, debe estar
por encima el respeto a las leyes de la democracia, el respeto a las
decisiones de los jueces, el escuchar los argumentos de la otra
parte. Es muy tentador, como se ha visto, una mala utilización
del poder y traspasar los límites de lo que debe estar por
encima de todo en un sistema democrático: La ley.
Los ciudadanos hemos
sufrido un menoscabo de la tutela judicial efectiva recogida en el
artículo 24 de la constitución Española, por la
cual, todos tenemos derecho a ser parte en un proceso y a poder
promover en su marco la actividad jurisdiccional para poder defender
nuestros derechos e intereses, intereses legítimos como lo
demuestran las tres sentencias falladas a favor de los grupos
ecologistas y en contra de autorizar el esquí alpino en la
zona palentina de Fuentes Carrionas.
Los ciudadanos sufrimos
indefensión ya que no tenemos oportunidad de alegar y probar
nuestros derechos e intereses con los principios de bilateralidad e
igualdad de armas procesales.
Los ciudadanos hemos
perdido el derecho a participar, derecho recogido en el derecho
Español y Europeo.
Los jueces han perdido
respeto puesto que se buscan “caminos para allanar los obstáculos
legales” para conseguir el fin político a toda costa.
Los jueces han perdido
credibilidad puesto que ven como sus sentencias no se cumplen.
Los partidos políticos
han sufrido un menoscabo puesto que utilizan cualquier medio para
conseguir sus fines evitando y saltándose, y esto es lo más
grave, las leyes de la democracia, de la participación, de
permitir hablar al otro.
Ante esta situación,
los grupos firmantes no vamos a escatimar esfuerzos en utilizar los
escasos medios constitucionales y legales a los que todavía
tenemos acceso. Esta misma semana se presentará una Queja al
defensor del pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional y pida la suspensión como
medida cautelar de la Ley de Ordenación del Territorio y la
Proposición de Ley para modificar el PORN de Fuentes
Carrionas.
De igual forma, se está
trabajando ya en un escrito de apelación ante el tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión.
Los grupos ecologistas
exigimos al Partido Socialista Obrero Español la presentación
urgente de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación
de la Ley de Ordenación del Territorio, de no llevarse a cabo
este recurso, que solamente ellos pueden presentar a través de
cincuenta parlamentarios nacionales, estarán siendo también
cómplices de este atentando contra el estado de Derecho.
Los grupos firmantes
piden a la ciudadanía una respuesta contundente para luchar
contra una injusticia, no dejar que por intereses “ciegos” se
pisoteen las libertades y derechos fundamentales de todos (incluso de
los que apoyan la estación) que son la base de nuestro sistema
democrático, de nuestro Estado de Derecho y de nuestra
convivencia.
Asociaciones
firmantes: Plataforma
para la Defensa de San Glorio, Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica, Ecologistas en Acción,
Asociación de Naturalistas Palentinos, Asociación para
la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Fondo para
la protección de los Animales Salvajes, Coordinadora Central
Salinas, Fundación Global Nature, Asociación para la
protección de los árboles "A Morteira",
Asociación Ecologista La Braña, Filón Verde
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